El 31 de octubre de 1955, la Junta Promotora del Partido Demócrata Cristiano de la Capital Federal, publicaba en el Boletín del Partido, que era su Órgano oficial, la siguiente declaración:

¿Qué es la democracia cristiana? Es un régimen que establece la alianza de la política con la moral, la cooperación mutua entre la Iglesia y el Estado, la armonía entre los diferentes sectores sociales, la coexistencia del bien común y la libre iniciativa privada, la conciliación de la autoridad estatal con los derechos de la persona humana, la compatibilidad del patriotismo con la fraternidad universal, y la síntesis de la justicia social con las libertades políticas.

Poco tiempo después (1956), Ambrosio Romero Carranza, miembro de esa generación fundadora del partido Demócrata Cristiano en la Argentina, en su libro ¿Qué es la Democracia Cristiana?, explicaba así esos principios fundacionales enumerados en la citada declaración:

1. Alianza de la política con la moral. “La democracia cristiana tiene por principio fundamental que la moral debe estar estrechamente aliada a la política. Esa alianza constituye su mayor fuerza; si llegase a perder el propósito firme de mantenerla a toda costa, no tardaría en ser uno de los tantos movimientos políticos que ha conocido la historia de la humanidad.” (Romero Carranza, op. cit, p.87)

Comparemos esta afirmación con la que nos plantea Juan Manuel Abal Medina en su Manual de Ciencia Política (Eudeba, 2010): ”Max Weber (1864-1920) ha contribuido decisivamente a este análisis. Según el pensador alemán (…) la acción política no puede regirse por los mismos principios que otras disciplinas (como indican ciertas máximas religiosas: “obra siempre bien”), porque el político debe tener en cuenta constantemente las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, puede verse obligado a abandonar sus convicciones y guiarse por la responsabilidad, eligiendo medios moralmente dudosos o peligrosos. La salvación de la patria puede ser incompatible con la salvación del alma del político.”

Nada más alejado del pensamiento demócrata cristiano sostenido por Romero Carranza y tantos otros que este maquiavelismo político, tan conocido por los argentinos y que se suele expresar en la (tristemente) célebre frase: “roban, pero hacen”, con la que se justifica la corrupción de muchos políticos que, finalmente, lo único que realmente “hacen” es robar.

1. Cooperación mutua entre la iglesia y el estado. “Unión de Iglesia y Estado significa cooperación, mutua ayuda, contacto y relaciones amistosas. Esa unión no significa intromisión del clero en la política, ni intromisión de las autoridades gubernamentales en materia eclesiástica, sino mutuo entendimiento y amistosa colaboración.” (Romero Carranza, op. cit, p.97)

La religión, mal que le pese al laicismo dominante en Occidente, puede ejercer una influencia benéfica sobre la política, brindando a los ciudadanos preocupados por su comunidad la mejor motivación para ingresar a la política, esto es, la vocación de servicio, fundada en el amor al prójimo. Asimismo, y teniendo en cuenta que un alto estándar moral es imprescindible para todo político honesto, la religión ofrece al político el mejor y más sólido fundamento para una vida recta, que es la convicción en una realidad trascendente a este mundo que nos espera después de la muerte y la fe en un Dios que juzgará nuestros actos. En tercer lugar, la religión nos da su doctrina y nos inspira ideas que llevan a fundar una sana filosofía política, que es el fundamento de políticas públicas que sirvan verdaderamente al bien común.

Por otro lado, la religión beneficia a la sociedad actuando institucionalmente, cuando a través de las organizaciones que crea y conduce, brinda servicios educativos, sanitarios, culturales, de ayuda a sectores vulnerables.

III. Armonía entre los diferentes sectores sociales. “La democracia cristiana no es «clasista», es decir, no busca la defensa y exaltación de un solo sector social en detrimento de los otros. Esto es así dado que, constituyendo un movimiento genuinamente democrático, busca el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y la noción de pueblo, bien entendida, abarca todos los habitantes de una nación.” (Romero Carranza, op. cit, p.103)

Quienes elaboraron este principio originalmente tenían en cuenta la lucha de clases planteada por el marxismo. Esta prevención sigue en pie, por supuesto. Pero hoy en día puede aplicarse igualmente en rechazo a la política identitaria, o política de identidad, enfoque político basado en la priorización de los aspectos más relevantes de la particular identidad racial, religiosa, étnica, sexual, social cultural u otra cualquiera de determinados grupos dentro de la sociedad, que forman alianzas políticas exclusivas con otros integrantes de este grupo identitario, en vez de involucrarse en políticas de partido más amplias y tradicionales.​ Los identitaristas promueven así los intereses de su grupo sin consideración por los intereses de otros grupos y, en general,  por el bien común.

IV. Coexistencia del bien común con la libre iniciativa privada. “El bien común es el bien, simultáneamente, de la sociedad política en sí misma, y de las personas y sociedades intermedias consideradas en general. Al Estado corresponde el cuidado de ese bien (ese es su fin) y organizar jurídicamente la sociedad al servicio del bien común. Sin embargo, esto no ha de proporcionar al Estado una autoridad tan extensa que le permita dificultar la actividad individual de los miembros de la comunidad.” (Romero Carranza, op. cit, p.110)

Por otro lado, y en estos tiempos que nos toca vivir en Argentina, que exhiben un auge del liberalismo y las ideas de libertad, conviene no olvidar la primera parte de este principio, referida a la importancia de la existencia e intervención de un Estado que, sin subyugar y anular la iniciativa individual, cumpla con su rol fundamental para el logro del bien común, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, uno de los pilares de la Doctrina Social de la Iglesia.

V. Conciliación de la autoridad estatal con los derechos de la persona humana. “La democracia cristiana rechaza el absolutismo estatal que, entre otros, impusieron Lenin, Stalin, Hitler y Mussolini, pero, asimismo, defiende con tesón el principio de autoridad; porque la sociedad, que es una creación de Dios, no puede existir sin un principio de autoridad encarnado en un gobierno. Por eso también rechaza las doctrinas anarquistas que niegan la autoridad estatal por considerarla una invención artificial de los hombres, que traba su libertad.” (Romero Carranza, op. cit, p.117)

Puede verse la actualidad que aún reviste este principio fundacional, frente a propuestas de un libertarianismo anárquico que considera al Estado casi como a una organización delictiva (o sin “casi”) que se dedica a robarnos por medio de los impuestos, pero también, en el otro extremo, a los que durante años y con la excusa del “Estado presente”, multiplicaron las intervenciones estatales en la vida de los argentinos construyendo una maraña de regulaciones y burocracia que, además de entorpecer y coartar la libre iniciativa de las personas, grava los bolsillos de todos con una carga impositiva ruinosa.

VI. Compatibilidad del patriotismo con la fraternidad universal. “Consideramos al patriotismo como la virtud moral que lleva a los ciudadanos al amor del suelo físico en que nacieron y del suelo moral de su historia que les proporciona personalidad propia. Pero el patriotismo debe ser preservado de adulteraciones que trastornan la armonía y el orden internacional. Existe un nacionalismo inmoderado que pretende hacer de la patria una entidad substancial, absoluta e infalible, y es germen de numerosas injusticias.” (Romero Carranza, op. cit, p.127)

En estos tiempos de globalización y “cultura universal”, el patriotismo parecía ser algo pasado de moda o incluso felizmente superado, confundiéndoselo con ese nacionalismo exacerbado que considera que la propia nación tiene derecho de avasallar a otras. Pero este principio nos recuerda que el amor a la propia patria no es en modo alguno obstáculo de para respetar a las demás patrias. Y, contra ese universalismo que, despreciando lo propio busca ser “ciudadano del mundo”, podría también afirmarse, parafraseando a Tolstoi, quién aconsejó “pinta tu aldea y pintarás el mundo”: AMA A TU PATRIA Y AMARÁS A LA HUMANIDAD.

VII. Síntesis de la justicia social con las libertades políticas. “Al lado de la justicia conmutativa que regula los contratos, de la justicia distributiva que regula las cargas y ventajas sociales, conviene tener en cuenta la justicia social o legal, que es la que se refiere al bien común. Esta justicia debe manifestarse, sobre todo, en la creación de un orden jurídico y social que informe toda la vida económica. Pero no existe verdadera justicia sin libertad, como tampoco hay libertad sin justicia. Por eso los demócrata-cristianos defienden también la libertad de enseñanza, de asociación, de prensa, de sufragio, de petición, de conciencia y de cultos. La democracia cristiana no admite, pues, que los gobiernos se arroguen facultades omnímodas, destruyendo o coartando las libertades mencionadas anteriormente.” (Romero Carranza, op. cit, p.132)

Casi setenta años pasaron desde esta declaración y está  aún tan vigente como entonces: si en esa época los fenómenos superados no hacía mucho del fascismo y el nacionalsocialismo y el entonces aún presente del estalinismo la justificaban, en la nuestra lo hacen los avances del Estado sobre la libertad de expresión (con la figura del “delito de odio”, por ejemplo) y sobre los derechos de los  padres respecto de la educación de sus hijos, así como otros indicios preocupantes de la deriva totalitaria que parecieran estar tomando las democracias occidentales.

Cuando los principios, inspirados por la religión y sólidamente fundados en una sana filosofía política, configuran desde el comienzo el pensamiento y el accionar de un partido político, sin que estos dependan de algún fundador o líder, más o menos iluminado, se tienen las mejores garantías de coherencia y honestidad intelectual y moral.